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ACTA restringiría directamente la penetración a Internet

En base a lo dicho por estudios realizados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) se puede establecer que la aplicación del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) impactaría de manera negativa la penetración de Internet en nuestro país, ya que por una parte el porcentaje de población que tiene acceso a Internet de Banda Ancha es muy reducido, incluso muchas personas carecen de los medios necesario para adquirir una computadora. Adicional al punto anterior el hecho de otorgar facultades de autoridad a los proveedores del servicio vulnera las garantías y privacidad de la población, pues nuestra legislación no contempla que un particular (proveedor) pueda actuar como si de una autoridad se tratara.

Como ya hemos mencionado con anterioridad, ACTA es un acuerdo internacional que busca combatir actividades consideradas por los promoventes como piratería digital. En esta caso se encuentran negociando los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Marruecos, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Singapur, México e incluso la Unión Europea. Los gobiernos involucrados argumentan que la intención es fortalecer los mecanismos existentes a la protección del derecho de autor, modificando normas establecidas e incluyendo a los proveedores de Internet la facultad de actuar como monitores (vigilantes) respecto de la actividad que sus clientes realicen en la Red; vulnerando con esto garantías individuales consagradas en la propia Constitución que en su momento comentaremos.

El aspecto más alarmante de dicha propuesta es el hecho de facultar a los proveedores para suspender al cliente y su domicilio; de manera definitiva, del servicio de Internet. Escudando lo actuado con el simple argumento de que el cliente ha compartido archivos protegidos por la propiedad intelectual.

Tras analizar la versión final de ACTA, dada a conocer por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), la COFETEL determinó enviar el oficio respectivo al secretario de Economía, Bruno Ferrari.

Pronunciando que: “Los proveedores no tienen la obligación de analizar el tráfico o los contenidos de sus usuarios, pues sólo deben dar información de sus suscriptores cuando se haya comprobado una infracción, previa interposición de algún recurso legal”.

Es muy cierto que se deben buscar alternativas para proteger los derechos de explotación de los autores. Sin embargo atacar a la población de esta manera no logrará disminuir el problema, incluso agravará otras contrariedad como lo son la educación y el libre conocimiento a través de la Red por ejemplo. Reduciendo así en gran medida el acceso a la banda ancha que por sí mismo ya es limitado.