España: Contra-guía Hacktivista por el uso de Internet | Marcas y Derechos

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España: Contra-guía Hacktivista por el uso de Internet

En una entrada anterior, se dio a conocer que distintas sociedades de gestión estaban preparando una “Guía” por el uso correcto de Internet y que esta sería distribuida en distintos institutos de educación básica. En respuesta a la distribución de esta, se ha creado una contra-guía.

El fundamento que los “hacktivistas” utilizaron para fundamentar la creación de esta contra-guía es que fue realizada para combatir los puntos que, tendenciosamente, argumentan los involucrados. Ya que “Música, cine y televisión en Internet”, maneja de manera parcial, manipulada y en pro de los intereses corporativos de estas instituciones a las normas legales vigentes.

La contra-guía está dirigida a madres y profesores, redactada por hacktivistas que son usuarios activos y entienden como funciona Internet, destacando que para su realización se contó con la supervisión de distintos abogados.

Con este documento se promueve la libertad de expresión, libre adquisición de conocimientos y el hecho de compartir como una actividad cotidiana y no un crimen.

Para fundamentar legalmente estos puntos, los hacktivistas plantean, en otros argumentos, lo siguiente:

  • El libre derecho a la cultura es un derecho fundamental recogido en el artículo 44 de la Constitución española, se deben garantizar a todas las personas independientemente de su poder adquisitivo.
  • En el caso de los más jóvenes se refuerza porque concurre con otros más básicos como el de la educación (art. 27).
  • Es posible acceder a una copia de los contenidos de forma gratuita y completamente legal (de forma desinteresada y sin ánimo de lucro).
  • Cuando se comparte un contenido cultural, beneficias a sus creadores con la difusión, más gente conoce su trabajo y pueden interesarse por el mismo.
  • La ley, al garantizar el derecho a copia privada, ampara las copias de las obras sin pedir permiso al autor (SIN ÁNIMO DE LUCRO).
  • Titulares de derechos y entidades de gestión no están cualificadas ni pueden solicitar a un ISP que se identifique al titular de una dirección IP por una infracción civil, ya que estarían yendo contra la legislación que ampara la intimidad y privacidad de las comunicaciones.